Casi mil empleados del INE solicitan retiro voluntario.

En medio de las discusiones por la reforma electoral que busca reducir el gasto público en el sector, cerca de mil trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se inscribieron en el programa de retiro voluntario, el cual ofrece una compensación económica adicional a la liquidación legal y a los beneficios internos.

De acuerdo con información del propio instituto, el número de expedientes a revisar asciende a 970 solicitudes, cifra que “superó la expectativa”, señalaron funcionarios del INE. Debido a ello, se amplió el plazo para analizar los casos tanto del personal administrativo —con 707 empleados registrados— como del Servicio Profesional Electoral Nacional, donde 263 servidores manifestaron su intención de retirarse.

La secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, reconoció que el volumen de solicitudes representa un reto para la Dirección de Administración: “Es necesario darle viabilidad, ya que lo esperado supera la expectativa; es un esfuerzo mucho mayor al que esperábamos”, indicó.

El programa cuenta con una bolsa total de 100 millones de pesos destinada al pago de estímulos. Los trabajadores con mayor antigüedad tendrán prioridad para acceder al beneficio, el cual incluye tres meses de percepciones brutas más 20 días por año de servicio.

Según la propuesta aprobada por la Junta General Ejecutiva, este plan busca otorgar un beneficio económico, además de renovar y modernizar la estructura interna del INE.

Actualmente, el instituto dispone de un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos, sin contar el financiamiento a partidos ni los recursos para consultas o elecciones. Para el próximo año, solicitó 15 mil 100 millones como presupuesto base, 3 mil 119 millones como presupuesto precautorio —en caso de realizarse una consulta popular— y 7 mil 737 millones destinados a prerrogativas partidistas.

No obstante, la consejera Claudia Zavala alertó sobre un recorte anticipado desde el Ejecutivo, que eliminó el presupuesto precautorio antes de que venciera el plazo legal para definir si habrá consulta ciudadana.

La consejera recordó que en 2025 sí habrá proceso electoral, pues, aunque la elección se desarrolle en 2027, su preparación inicia en septiembre de 2025. Zavala expresó su preocupación por la reducción de recursos:

“Nos han colocado en situaciones más difíciles, incluso de incumplir la ley para poder llevar a cabo ejercicios de participación ciudadana y la elección judicial”, concluyó.