El ExSenador Adán Augusto y Marina del Pilar, bajo la lupa de E.U.

Dos figuras estelares del régimen tienen serios problemas en su horizonte: el senador Adán Augusto López Hernández y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Ambos tienen investigaciones abiertas en Estados Unidos y han ido perdiendo apoyo en el Palacio Nacional, aunque públicamente se diga lo contrario. Aunque cuentan con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, nuevas pistas que presuntamente los vinculan con el crimen organizado se están agregando a sus expedientes.

Los nuevos señalamientos directos de Washington contra López Hernández se encuentran en el antecoro de su renuncia a la coordinación de Morena en el Senado. Es cierto lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que no le pidió que lo hiciera, porque sabía que una iniciativa de ella en ese sentido sería rechazada en Palenque. El senador se fue de la coordinación, pero mantiene la protección del fuero.

El caso de Ávila es todavía más serio, porque su nombre ha sido puesto sobre la mesa en las reuniones de los enlaces de los gobiernos de México y Estados Unidos en el tema de la seguridad, donde se ha estado hablando de su licencia a la gubernatura. El mensaje le fue transmitido hace 10 días por el secretario de Educación, Mario Delgado, que como presidente de Morena tuvo una activa participación para que fuera electa. Esa reunión fue pública, pero no generó mayor interés. Los detalles de lo que le dijo se mantienen herméticos. Lo que ella pueda haber alegado o planteado como solución, también se desconoce.

La gobernadora es una de las poco más de 100 funcionarios y políticos a quienes el Departamento de Estado les ha cancelado la visa, que es el componente político de las decenas de miles que han sido suspendidas y que no se encuentran en la política o cuyas relaciones son exclusivamente criminales. No se sabe si le han suspendido la visa al senador López Hernández.

Los bienes en Estados Unidos del senador, su esposa, sus familiares y sus socios, de acuerdo con información en el gobierno, están bajo investigación en Estados Unidos, donde exploran la posibilidad de congelar sus activos en ese país, que sería el primer paso para determinar si se les abre un proceso judicial en el Departamento de Justicia.