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“El gobierno no va a espiar a nadie”, Sheinbaum niega “Estado Espía” y cita la Constitución.

  • Foto del escritor: diarioentrelineas
    diarioentrelineas
  • 2 jul 2025
  • 2 Min. de lectura

Con tono irónico y firme, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas sobre la supuesta creación de un “Estado espía” por parte de su administración. Aludiendo a un medio de circulación nacional que difundió esta versión, Sheinbaum comentó:

 

“Vamos a cantar la canción de Mentiras”.

 

Acto seguido, leyó en voz alta el artículo 16 de la Constitución, subrayando que toda intervención de comunicaciones y localización vía GPS sólo puede hacerse con orden judicial, salvo en casos excepcionales como desaparición o secuestro.

 

Durante su conferencia, Sheinbaum fue enfática al rechazar cualquier intención de implementar mecanismos de vigilancia sin control legal:“Es falso, es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar.

 

Añadió: “El gobierno no va a espiar a nadie como nos espiaron a nosotros”.

 

Este último comentario alude a los casos de espionaje político que salieron a la luz en sexenios anteriores, donde figuras opositoras —incluyendo a Sheinbaum— fueron vigiladas ilegalmente mediante tecnologías comoPegaso.

 

Para despejar dudas y reforzar su postura, la mandataria reiteró que las intervenciones telefónicas, rastreos vía GPS o cualquier forma de monitoreo solo son legales si un juez las autoriza, de acuerdo con la Carta Magna y las leyes mexicanas.

 

Sheinbaum explicó que el objetivo de las reformas es crear una plataforma única de información entre instancias de seguridad y justicia, no espiar a ciudadanos comunes ni violar derechos humanos.

 

La presidenta aseguró que la centralización de datos tiene como finalidad mejorar la eficiencia en la búsqueda de personas desaparecidas, combatir el crimen y coordinar a las instituciones. La propuesta no implica espionaje, ni el uso de tecnologías invasivas sin regulación judicial.

 

Esta aclaración se dio en medio del debate generado por reformas recientes en materia de telecomunicaciones y seguridad, que algunos sectores han interpretado como intentos de ampliar el poder del gobierno sobre los datos personales.


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