Expone Harfuch que 26 narcos extraditados a E.U. seguían operando desde prisión.

La mañana de este miércoles se llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la que se brindaron mayores detalles respecto a la reciente extradición de 26 personas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con lo que reiteran las autoridades federales, esta operación se llevó a cabo por interés nacional y en coordinación con el gobierno estadounidense.

Al inicio de su discurso, el secretario federal confirmó que los narcotraficantes llevados al país vecino continuaban operando de forma ilícita desde los centros penitenciarios en los que se encontraban recluidos, a través de las visitas, las cuales no pueden ser suspendidas por respeto a sus derechos humanos.

Se detalló que las vistas “Eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”.

Omar Harfuch agregó que muchos de los presos trasladados habían obtenido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad o en centros federales que podrían facilitar su traslado a penales estatales menos vigilados, aumentando así el riesgo de fuga y la continuidad de sus operaciones:

“Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”.

El secretario detalló que las personas trasladadas estaban recluidas en 5 centros penitenciarios federales y 4 estatales, con órdenes de extradición y acusados por delitos de alto impacto como tráfico de drogas y personas, homicidio, posesión de armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.

En la operación participaron 988 elementos de seguridad, 12 aeronaves, 90 vehículos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), FGR, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación (Segob), SSPC y el CNI, así como personal médico y jurídico en apego a derechos humanos y sin incidentes.

Los recursos fueron distribuidos en cinco entidades de Estados Unidos: 9 de ellos están en Nueva York (8 en White Plains y 1 en John F. Kennedy); 5 en San Diego, California; 6 en Phoenix, Arizona; y 6 en Dulles, Virginia.