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La PGJEH con buenos resultados de acuerdo con el INEGI.

  • Foto del escritor: diarioentrelineas
    diarioentrelineas
  • 5 nov 2023
  • 2 Min. de lectura

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) es la más efectiva del país en cuanto a vinculaciones a proceso, al contabilizar el 98.4 por ciento de efectividad contra el 1.6 de no vinculaciones a proceso, en el Sistema Penal Acusatorio, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).


La política pública de cero tolerancia a la impunidad, implementada por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo durante la administración a cargo del gobernador Julio Menchaca Salazar, han colocado a la entidad con el mayor porcentaje del país en materia de vinculaciones a proceso.


De acuerdo con los resultados del Censo, de 2 mil 607 personas procesadas o imputadas durante 2022, en el estado de Hidalgo, el 98.4 por ciento (2 mil 567) fueron vinculadas a proceso, mientras que solo el 1.6 por ciento (40 personas) no fueron vinculadas a proceso.


En cuanto a efectividad, por debajo de la PGJEH a cargo de Santiago Nieto Castillo, se encuentran los estados de Sonora (96.2 por ciento), Nayarit (96 por ciento), Puebla (95.9 por ciento), Querétaro (94.9 por ciento) y Chiapas (94.6 por ciento).


Con respecto al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la PGJEH junto con las Fiscalías de Campeche, Colima, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco consiguieron que la totalidad de personas imputadas fueran vinculadas a proceso, lo que representa una efectividad del 100%.


De acuerdo con el INEGI, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes, justicia alternativa y/ o mecanismos alternativos de solución de controversias, servicios periciales y defensoría pública, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en dichas funciones.


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