“Lean la Constitución”: Sheinbaum se enfrenta al PAN por la Ley de Aguas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la recién aprobada Ley General de Aguas atente contra la propiedad privada y afirmó que la postura del Partido Acción Nacional (PAN) refleja una “total ignorancia” sobre lo que establece la Constitución en materia de recursos hídricos.

Durante su conferencia matutina de este lunes 8 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el agua es, desde la Constitución de 1917, un bien de la nación, por lo que prevé la ley es el mecanismo de concesión, no de apropiación privada del recurso.

"La postura del PAN demuestra una total ignorancia. No han leído la Constitución. El agua es un recurso natural que es un bien de la nación. La Constitución establece que se puede concesionar ", afirmó Sheinbaum, al desestimar los señalamientos de que se pondría en riesgo la propiedad privada.

Explicó que la nueva legislación busca ordenar el sistema de concesiones, sin retirar permisos existentes, y mantener la relación tierra-agua para garantizar el funcionamiento de los distritos de riego. “No se atenta contra la propiedad privada ni contra nada de lo que están diciendo”, subrayó.

La presidenta insistió en que todos los actores políticos deben conocer el marco constitucional. “Sí sería bueno que leyeran la Constitución, porque todos tenemos que hacerlo, y más quienes participamos en la vida pública del país”, añadió.

Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó que la legislación aprobada por Morena y sus aliados representa, a su juicio, “el inicio del fin de la propiedad privada en México”, al modificar el régimen de transmisión de derechos sobre el agua.

En un comunicado, el dirigente panista advirtió que la nueva ley elimina en la mayoría de los casos la posibilidad de heredar, vender o ajustar los volúmenes de agua, lo que, retenido, afectará a más de dos millones de productores agrícolas en el país.

Romero Herrera señaló que, bajo este esquema, las concesiones dejarían de formar parte del patrimonio de los productores, lo que provocaría la devaluación de predios y una posible caída en la inversión en el campo y la industria.

El debate por la Ley General de Aguas se mantiene en el centro de la discusión política nacional, con posturas encontradas entre el gobierno federal, que defiende su constitucionalidad, y la oposición, que anticipa posibles impactos económicos y patrimoniales.